El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) anunció que interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para impugnar el Real Decreto 659/2025, que modifica el procedimiento básico para la Certificación Energética de los Edificios (CEE).

Los principales argumentos del CSCAE son:

1. Competencias profesionales: El decreto permite que personas sin la formación específica en arquitectura o edificación puedan expedir certificados, algo que consideran una vulneración del rigor profesional.
2. Devaluación del rigor técnico: Se reducen los estándares de calidad de las certificaciones y se incumplen las exigencias de las directivas europeas sobre eficiencia energética.
3. Visión parcial: El decreto no contempla todos los aspectos del edificio (sistemas constructivos, instalaciones, seguridad, habitabilidad), lo que impide un diagnóstico integral.
4. Cuestiones legales: Se alega que la norma vulnera la reserva de ley y contradice jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a competencias profesionales derivadas de la Ley de Ordenación de la Edificación.
5. Impacto en los usuarios: Una certificación deficiente impide que los ciudadanos tengan información veraz sobre su vivienda, limitando su capacidad de mejorarla y de ahorrar energía.

En síntesis, el CSCAE reclama la nulidad del Real Decreto, defendiendo el interés general y la calidad técnica en el proceso de certificación, especialmente relevante en el marco de los objetivos europeos de descarbonización del parque edificado para 2050.

La situación refleja un choque entre dos intereses: por un lado, la necesidad de agilizar la certificación energética y ampliar el número de profesionales habilitados; por otro, la garantía de que el proceso se haga con el rigor y la cualificación necesarios.

Permitir que personas sin formación específica emitan certificados puede facilitar trámites, pero conlleva riesgos claros: diagnósticos superficiales, falta de control sobre aspectos clave del edificio y pérdida de confianza en el propio sistema de certificación.

El planteamiento de los arquitectos no es únicamente corporativista: también busca asegurar que la información sobre eficiencia energética sea fiable para los ciudadanos y útil en la toma de decisiones. Además, su recurso tiene respaldo en fundamentos legales ya reconocidos por la jurisprudencia.

En conclusión, la decisión del CSCAE de recurrir este Real Decreto parece coherente y necesaria para equilibrar la urgencia de la transición energética con la calidad técnica que debe acompañarla.

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